El traspaso de administración del SIP a la Gestora trae dudas y temor

Según el sociólogo y exinvestigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Bruno Rojas, el Gobierno no aclaró muchas dudas respecto al funcionamiento de la Gestora, y a eso se suma que la institución no presentó una política de cobro de pensiones, por lo que supone que seguirán manteniendo las políticas de cobro y administración de las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP), a cargo del SIP desde 1997.

El investigador asegura que todo esto significa que no mejorará el monto de las rentas de los jubilados, sino por el contrario, las ganancias o rentabilidad de los aportes podrán ser destinados a políticas sociales del Gobierno y no a mejorar las rentas de los jubilados; esto porque la Gestora es una empresa estratégica del Estado.

“La Gestora fue creada como empresa pública estratégica nacional, significa que se compara con YPFB, Entel y otras. Si uno revisa lo que es una empresa pública estratégica en su estatuto y decreto de creación de la Gestora, implica que destinan los rendimientos al financiamiento de las políticas sociales del Gobierno, es decir, en pocas palabras van a financiar acciones estatales”, dijo.

Rojas considera que, si se obtienen ganancias de los aportes, se debe a los mismos aportantes y jubilados para mejorar las rentas. “Es una primera duda, lo que está claro es que se pretende generar recursos con aportes privados”, señala Rojas.

En la misma línea, el economista Germán Molina considera que uno de los riesgos es que los aportes se destinen a financiar a las empresas públicas o a crear otras nuevas y el retorno de los recursos no se concrete oportunamente afectando a los afiliados.

Otro de los riesgos es que se aumente el monto colocado al TGN y demore en su devolución debido al elevado déficit fiscal, que es la tendencia y un problema estructural.

A decir de Molina, el Gobierno adeuda más de 20 millones de dólares al SIP y con el traspaso de la administración a la Gestora no se garantiza la devolución de estos dineros y trae riesgos porque el manejo de las pensiones estaría en manos de un deudor.

“Actualmente, el Estado es el principal deudor de los aportantes de los jubilados. El 29 por ciento del total de inversiones que las AFP han movilizado se encuentra en manos del Estado. Hasta ahora no hay una figura transparencia en qué momento la gestora se compromete a la devolución”, añade Rojas.

Por todo lo expuesto, el investigador asegura que el cambio de administración no mejorará las rentas de los actuales y futuros jubilados, por lo que considera que se debe crear una nueva ley que mejore las condiciones y montos de jubilación y además se establezca un aporte tripartito donde aporten el Estado, los empresarios y trabajadores.

En el país hay 2,5 millones de personas aseguradas al SIP, de los cuales 195.368 son jubilados, y, de esa cantidad, un 68 por ciento se benefician con la Pensión Solidaria de Vejez.

El economista Gonzalo Chávez, en una columna de opinión publicada en Los Tiempos, manifestó su desacuerdo en que la Gestora administre el SIP.

“La Gestora será un monopolio público cuyo principal deudor es el Estado. El grueso de la deuda interna es con nosotros, los prestatarios. El sistema de pensiones financia al Gobierno. Con estos cambios, el ratón estará a cargo del queso, la tabla y el cuchillo. ¿Cómo evitaremos que la Gestora sea la caja chica y grande del Gobierno? Otra vez los antecedentes de la poca independencia del Banco Central de Bolivia no son muy alentadores”, dijo.

Además, Chávez aseguró que se corre el riesgo de ser mal manejada como otras empresas estatales. Detalló que, en 2014, el Estado recibía 5.200 millones de dólares del sector hidrocarburos, pero ahora recibe 2.600 millones de dólares.

“Hace 15 años, Bolivia era una potencia gasífera y ahora es importadora de hidrocarburos. La mala gestión mató a la gallina de los huevos de oro. (…) ¿Qué nos garantiza que la Gestora no corra la suerte de YPFB?”, cuestionó.

La Gestora Pública fue creada en 2010 y 12 años después inició operaciones parcialmente. Actualmente sólo se han transferido el 40 por ciento de los datos de los afiliados a las AFP.