Fijan para el viernes la audiencia cautelar para el Gobernador, Alcalde y dirigentes por el paro de noviembre

Seis personas fueron imputadas por el Ministerio Público por el paro cívico de noviembre del año pasado en contra de la Ley 1386 de Ganancias Ilícitas, que fue abrogada por el gobierno del presidente Luis Arce Catacora.

El gobernador de Tarija, Oscar Montes, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, el presidente del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, Adrián Ávila, el ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez y dos jóvenes activistas que participaron de las movilizaciones fueron imputados por los presuntos delitos de separatismo e instigación pública a delinquir.

La audiencia de medidas cautelares en contra de los imputados se realizará este viernes a las 8:00 de la mañana de forma virtual.

Gabriel Pérez indicó que fueron notificados para la audiencia de medicas cautelares para este viernes y que están tratando de ver de qué manera asumirán defensa.

Recordó que como institución afiliada al Comité Cívico sólo acudieron a la convocatoria de paro para pedir que se anule la Ley 1386 y recordó también que el exfiscal Departamental de Tarija, Wilson Tito renunció al cargo denunciando presiones políticas para que instaure un proceso en contra de autoridades y cívicos de Tarija por el paro de noviembre.

El dirigente remarcó que no se quiere que se saquen leyes de noche a la mañana sin haber sido socializadas, es por eso que se movilizaron, pero ahora tendrán que ser sometidos a una audiencia de medidas cautelares.

Considera que con el proceso penal quieren acallarlos, porque dentro de las medidas cautelares que se solicitan, dijo que piden que Pérez no debe hacer ningún contacto con las autoridades.

Como máximo dirigente del autotransporte cree que quieren callar la voz del departamento de Tarija, porque también fueron imputadas las principales autoridades del departamento y el presidente del Comité Cívico.

Por su parte, el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila mencionó a El Andaluz que los presuntos delitos por los que fueron imputados, como separatismo que esta tipificado con 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, se trata de fomentar la división del Estado boliviano y aclaró que con las medidas de presión exigieron la anulación de una ley, que en ningún momento se hablo de independencia o separación de Tarija, tampoco se pidió la renuncia del presidente o de otra autoridad nacional.

Ávila dijo que cuando se convocó al paro fue por el clamor de gran parte de la población boliviana y el paro se acató de forma pacífica y se pidió no responder a las agresiones de grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

Sobre instigación pública a delinquir, indicó para las Noticias de Tarija que en ningún momento se convocó a la población a delinquir.

Para el presidente cívico es un abuso por parte del Ministerio Público, es algo insólito con una acción de este tipo en contra del gobernador, del alcalde, del autotransporte y el Comité Cívico.

Considera que existe otra intencionalidad detrás del proceso y aclaró que él es solo un representante, un portavoz de la población y sus instituciones.

“La intencionalidad de desarticular el movimiento cívico nacional”, expresó Ávila a tiempo de mencionar que el presidente del Comité Cívico Potosinista tiene en su contra una orden de aprehensión y se encuentra en la actualidad en la clandestinidad, el presidente cívico de Santa Cruz tiene una serie de procesos, en Beni dijo que hay cívicos encarcelados y ahora el proceso contra de cívicos, autoridades y dirigente del transporte de Tarija.

Señaló que dos jóvenes activistas que también fueron imputados no son parte del Comité Cívico y que como cualquier joven participaron de las movilizaciones de noviembre parado, pero ahora también serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares.

“Quienes nos hacen la demanda es justamente la Federación de Campesinos, los que semanas después han hecho bloqueos en todo el departamento por más días que nosotros (…) No hay ninguna imputación, no hay ninguna demanda, no hay ninguna investigación”, apuntó.

Lamentó que la justicia en el país sea para algunos angosta y para otros ancha, pero no es igualitaria para todos.

Mencionó que muchos de los grupos afines al MAS que se movilizaron y que salieron a desbloquear durante el paro cívico, eran funcionarios públicos de instituciones del Gobierno y otros eran militantes del MAS, uno de ellos identificados como un diputado que amenazaron en los primeros bloqueos con dinamita y dijo que después salieron a amenazar con matar.

Calificó como un atropello el proceso en su contra y en contra de autoridades de Tarija, señalando que se trataría de un amedrentamiento al pueblo de Tarija, debido a que fueron imputadas las principales autoridades.

“Con encarcelar al presidente no van a lograr encarcelar los pensamientos, el derecho a opinar”, agregó.

Anuncian vigilia

Gabriel Pérez indicó que varias instituciones ya se pronunciaron por la imputación en su contra y se prevé que este viernes se realice una vigilia mientras dura la audiencia de medidas cautelares.

Tomado de El Andaluz