Alanez a cocaleros que lo rechazan: «Que se suban a nuestro barco porque si no se ahogarán»

También negó su vinculación con el MAS, pero cocaleros contrarios lo critican por tener el respaldo del Gobierno nacional

El dirigente Arnold Analez tiene el respaldo del Gobierno nacional.
Fuente: correodelsur.com

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El dirigente cocalero Arnold Alanez pidió a los productores que piden su renuncia de Adepcoca, que «se suban» a su barco porque, de lo contrario, «se ahogarán».

“Al sector de conflicto, les decimos que ya no naufraguen, que se suban a nuestro barco porque si no se ahogarán. Estamos seguros que llegaremos a un buen puerto, tenemos trazado un buen horizonte para llegar al puerto de la unidad y del progreso”, afirmó en una entrevista con Bolivia TV.

Alanez busca consolidar su liderazgo al frente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y promueve asambleas de las regionales de esa organización.

“El día lunes llegarán las resoluciones de las asambleas, y si las bases piden mediante sus resoluciones ir a elecciones, vamos a ir porque no hay miedo”, añadió. No obstante, se estima que logrará su apoyo.

Responsabilizó a Armin Lluta y a los seguidores de él, de “terrorismo” en las zonas de Adepcoca, los vecindarios de Villa Fátima y Villa El Carmen.

Además, negó su vinculación con el partido oficialista y responsabilizó de los bloqueos al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En pasados días también culpó a la Cainco y al alcalde de La Paz, Iván Arias.

Productores de coca de los Yungas están en desacuerdo con la presidencia de Alanez porque consideran que fue proclamado tras elecciones “amañadas”; ahora tiene el respaldo del Gobierno que intervino esa institución privada porque supuestamente tiene intereses políticos de controlar el mercado de coca como hace con el de Sacaba.

Anteriormente, yungueños denunciaron que su interés es crear una confederación con los cocaleros de Cochabamba.

Los enfrentamientos suscitados en la zona generaron decenas de detenidos y heridos; además afectaron a propiedades privadas e infraestructura pública como consecuencia de explosiones de dinamita y gases lacrimógenos de la Policía.