Concejal ignaciano sobre tema tierra: «Estos años serán complicados para San Ignacio, hay una ausencia total del alcalde»

El concejal de San Ignacio de Velasco, que integra la comisión sobre territorio y medioambiente, hizo la inspección en el lugar que se disputan las comunidades chiquitana Ebenezer y de colonos Jerusalén 3. Habló de la problemática de la tierra, el aeropuerto y el área protegida Bajo Paraguá.

Fuente: El Deber

Hace poco, la comisión encargada del tema tierra, de la Alcaldía de San Ignacio de Velasco estuvo en el lugar que actualmente es disputado por los chiquitanos de Ebenezer y los colonos de Jerusalén 3, donde existe un problema de sobreposición. Acudió en respuesta a una solicitud de Jerusalén 3, que necesita el respaldo municipal, requisito previo a la obtención de su personería jurídica.

Por un lado, el INRA dio resolución de asentamiento a Jerusalén 3, y por el otro, Ebenezer dice que habita la zona desde hace varios años, a diferencia de los colonos. El conflicto ya ocasionó la muerte de uno de los miembros de Ebenezer, un hombre de la tercera edad, Lino Peña (78).

EL DEBER entrevistó a Cristian Méndez (Creemos), concejal que integra la comisión. Con él participaron de la inspección el presidente del Concejo Víctor Flores (MAS), y Marco Méndez (FE, partido del alcalde).

-Los de Ebenezer denuncian que fueron a atender pedido de inspección de la otra comunidad y no el de ellos, y que tuvieron que bloquearlos para ser escuchados ¿Es cierto?

Fuimos a la zona por una carta que nos ingresó de la comunidad Jerusalén 3 que está en el conflicto. Conocíamos del tema por los medios y por lo ocurrido, pero no sabíamos ‘in situ’ cómo estaban estas comunidades asentadas, entonces paramos para charlar con las personas de Ebenezer, por eso me apena que hubieran dicho eso (que los estaban evitando), hablamos para que nos pongan en contexto, entonces, sobre todo a mí, me pusieron en contexto porque el presidente del Concejo tiene su propia línea y por esa se va.

De ahí fuimos a hacer lo que debíamos en comisión, verificar si la otra gente (Jerusalén 3) realmente vive o no ahí. Encontramos que, de las 15 familias beneficiarias, primero había solamente 11 en el lugar, que habían llegado, por las palabras que ellos mismos manifestaron, para esa inspección, porque alguien les había informado que llegaríamos con ese fin. Tuvimos una pequeña reunión con ellos, de ahí les dijimos que queríamos verificar sus casas, se nos manifestó que la mayoría vivía en otro lado, solo había tres casas habitables.

Luego les preguntamos por los chacos, para ver el cumplimiento de la Función Económica y Social (FES), se nos quiso decir que por los 21 días, que por la pandemia, etc. no habían podido hacer nada y que recién estaban empezando a hacer los trabajos, pero que los de Ebenezer les habían sacado sus máquinas. Les hicimos notar que su resolución el Inra la emitió en 2017, no en 2020, y que en esa resolución dice claramente que ellos cumplen la FES. Nos pareció raro que no hay trabajo, salvo una brecha que han abierto y un pequeño desmonte de un solo beneficiario, que estaba trabajando cuando se suscitaron los problemas entre ambos bandos.

Luego, más allá, nos encontramos con estas otras viviendas, de estos otros comunarios (Ebenezer), son viviendas antiguas. Es que ambos están dentro del mismo predio de las 750 hectáreas, mal contadas encontramos como nueve casas de material, verificamos un chaco de maíz, un sembradío de yuca, nos reunimos con ellos también, que manifestaron la problemática.

Les comentamos que estábamos haciendo la inspección y que elevaríamos un informe porque es un requisito que tienen las comunidades, ya que el Concejo Municipal emite una resolución para que ellos puedan tramitar su personería jurídica, pero les dijimos que queríamos poner nuestros buenos oficios en la búsqueda de una solución, y en lo particular manifesté que no estaba de acuerdo con la forma en que se está distribuyendo la tierra, tomando en cuenta que ellos, los de Ebenezer, son vecinos de la comunidad 16 de agosto, son hijos, que solicitaron esas tierras de al lado que eran baldías, solicitud que fue en 2016, según la documentación que ellos mismos nos presentaron. Independientemente de eso se les dio resolución a más de 250 km, no era correcto.

-¿Es cierto que a Ebenezer le dieron resolución dentro de una reserva? Es lo que dice su abogada

No sé si está dentro de la reserva, pero sé que está en la zona de Bajo Paraguá, mentiría si aseguro que están dentro. Pero así no estén dentro de la reserva, no es correcto que doten tierra a 250 km, cuando había tierra en desuso al lado de la que es su comunidad vecina, 16 de agosto; sin embargo, se la dotan a gente que llegó ahí y que en su mayoría son, según los carnet, cochabambinos y potosinos.

Hay ahí una familia que aparentemente vive hace algunos años, porque todos los de 16 de agosto, así fue como fueron ocupando esas tierras, pero parece que cuando solicitaron la tierra, esa familia se peleó, que quedó a un lado, y que se trajo a gente de Potosí y de Cochabamba para hacer su comunidad. Los beneficiarios de Ebenezer son puros hijos de la gente de 16 de agosto.

-Ustedes ya presentaron el informe oral ¿Qué se dijo en el Concejo?

El martes, en la sesión, informamos al pleno, lo estamos desarrollando como comisión. Hicimos notar todas las observaciones, la primera es que no se evidencia el cumplimiento de la FES (en Jerusalén 3); la segunda es que no se ve que estén viviendo las personas de forma permanente, salvo por tres familias, es lo que se ve.

De acuerdo a la información que ellos mismos proporcionaron, en ningún momento entregaron una documentación en la que reflejen lo que el presidente del Concejo, Víctor Flores, quiso mostrar, de que ellos no habían hecho trabajos en el lugar porque no tienen internet, teléfono, agua, luz. Nosotros les hicimos notar que había muchas comunidades indígenas en la zona que no cuentan con esos servicios y que a pesar de eso, por la necesidad de la tierra, están en el lugar.

Otra cosa que hicimos notar es que por la zona se empieza con Jerusalén 3, sigue Jerusalén 2 y por último Jerusalén 1, y en el camino donde están todas estas comunidades, que tienen su buena extensión de tierra, solamente viven dos familias por comunidad.

Hicimos notar que el Inra no está haciendo su trabajo, o no está cumpliendo porque estamos viendo que se está dotando tierras para dos familias, 750 hectáreas, y al final los demás son de otro lado. Eso está claro, y también lo hemos hecho resaltar, y dijimos al pleno del Concejo que es lo que vamos a poner en el informe escrito. Es que no se puede dar la resolución para la personería jurídica (a Jerusalén 3), ya que según nos explicó la asesora, dentro de las labores que debimos hacer, era inspeccionar por lo menos, de las 15 familias, a nueve, y ver que tengan sus casas en físico, su trabajo, sus chacos, y no tienen nada de eso. Eso es causal para no entregar.

En el tema de la sobreposición, estamos enviando una carta, solicitando al Inra para que bajen y de una buena vez esto se pueda esclarecer de la forma más saludable para todos, ya que desde nuestro punto de vista, los que son vecinos, familiares de 16 de agosto, o sea los de Ebenezer, se deberían quedar ahí, y a la otra gente que la reubiquen si es que de verdad necesitan la tierra, porque en esta gestión que estamos empezando, de mi comisión de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, haremos verificación in situ.

Nosotros desconfiamos de que el presidente del Concejo filtró la información de que estábamos de ida a esa comunidad y que por eso bajaron todos, de Cochabamba y de Potosí, a esperarnos, pero las siguientes veces nos organizaremos e iremos al azar, porque lo que se está viendo y detectando es que todas las comunidades son de papel, pero en físico no vive nadie. Y en este sentido la ley es clara, de que la tierra es para quien la necesite y la trabaje.

-¿Cuál es el rol del presidente del Concejo en la comisión?

No es parte de la comisión, pero como presidente del Concejo puede participar en cualquier comisión a la que quiera adscribirse. No funciona en ninguna, pero puede ser parte de todas. Somos parte de la comisión yo (Creemos), Marco Méndez (FE) y Natasha Castedo (Creemos).

No cumplen la FES, no tienen casas, etc. ¿Esa es la conclusión?
No cumplen la FES (Jerusalén 3), no tienen casa, no radican en el lugar, no tienen chaco y encima hay un conflicto que, de acuerdo a nuestro criterio, es lo primero que se debe solucionar para proceder con otros requisitos.

-¿Tiene datos de que el Inra comprometió su visita a San Ignacio con algunos dirigentes chiquitanos para el 12?

No sabemos nada. Justo nosotros hoy solicitamos al pleno una carta de solicitud para que el Inra baje. Si hubiéramos sabido de su venida el 12, no necesitábamos hacer el pedido. Haré la consulta, pero el Inra nos tiene a vueltas y supuestamente viene, pero no llega.

-¿Cuántas solicitudes tienen ustedes de personería?

Tenemos dos solicitudes más de resolución del Concejo Municipal, para que con eso soliciten las comunidades su personería jurídica. Una es la comunidad ganadera Nueva Belén y no recuerdo el nombre de la otra.

Haremos verificación in situ, pero sin llamar la atención de nadie, la comisión se constituirá sin hacerlo por medio del pleno del Concejo. No son originarios, una está en el distrito 7, en la zona de las colonias, y la otra no recuerdo. Son dos comunidades, Nueva Belén ha presentado toda su documentación, la asesora dijo que cumplen con todo en el papel y que solo falta la verificación en el lugar, para ver si realmente viven ahí. Lo que no vamos a permitir es que sean casas nuevas, tomando en cuenta el año de las resoluciones. En las resoluciones que emite el Inra dice que se cumple la FES.

-¿Cómo es que las resoluciones dicen que las comunidades cumplen la FES y después resulta que les dan dos años para habitar el lugar y hacer la inspección?

Nosotros estamos observando todo eso, vamos a ver todo eso con pinzas porque acá se han entregado miles de comunidades y el presidente del Concejo lo reconoce, y de esas miles, si un 5% están habitadas, es muchoha servido para hacer tráfico de tierras, venta, mal uso y abuso.

-¿Qué están haciendo ustedes sobre el tema del Bajo Paraguá? Parece que a nadie le importa el área protegida que es municipal

Nosotros ya fuimos como comisión, junto con la ABT, el Comité Cívico, nos encontramos con la gente que estaba en esos desmontes, se hicieron las notificaciones de parte de la ABT en nuestra presencia. Nosotros regresamos, hicimos un informe, y hemos solicitado al alcalde en reiteradas oportunidades porque al nombrar una reserva forestal, área protegida, es nuestra tuición cuidarla como Gobierno municipal, es la tuición del alcalde.

En ese sentido, hemos hecho solicitudes para ver el tema de guardaparques, para que sean los guardianes de esta reserva Bajo Paraguá. Es más, por lo que ellos nos comentaron, la Fundación Natura está con la plata para solventar a los guardaparques y armar los campamentos para poder ellos proteger esta área. Del alcalde solo vemos un discurso de la boca para afuera, pero no real. Hace un mes y medio que le hicimos la solicitud. Él ya debería estar realizando acciones, lo mismo en el tema del aeropuerto.

En el tema del desalojo de Bajo Paraguá el presidente del Concejo se manifiesta en contra, dice que esa ley… habla en base a puros chismes, dice que, según sabe, esa ley fue mal hecha en su momento, etc. Nosotros lo agarramos por el lado de que la reserva se respeta, en ese caso su postura es porque son los hijos de sus comunidades de ellos (sus bases), los hijos de San Martín, Guadalupe, Santa María, en el distrito 7. Y cuando dijimos por qué no se les da a ellos donde nadie vive, y ahí es donde se invierten los papeles, el presidente del Concejo entonces quiere que los de 16 de agosto se vayan a otro lado, pero no quiere que su propia gente (área protegida Bajo Paraguá) se vaya a otro lado.

El presidente del Concejo es bien complejo, bien difícil, hoy lo interpelamos por el mal uso que hace del vehículo, pero aplican su rodillo con sus concejales.

-¿Cómo rodillo? Si solo son dos los concejales del MAS, de un total de nueve…

¿Y los tres de FE? (partido del alcalde Ruddy Dorado), son quienes le dieron la presidencia del Concejo. Hay un pacto con el alcalde, solo que el alcalde no quiere verse ni con uno ni con otro en lo político.

-¿Cómo va el tema del antiguo aeropuerto de San Ignacio, qué hay detrás de eso que nadie hace nada y todos callan? Ya van siete meses del avasallamiento…

El anterior alcalde (Moisés Salces) ofreció los terrenos, con eso abrió la ventana, y el alcalde actual (Ruddy Dorado) dice de la boca hacia afuera que los va a sacar, pero de la boca hacia adentro los mantiene ahí. Hasta ha dado informe oral en el Concejo porque le solicitamos un informe escrito acerca de las acciones que venía desarrollando para hacer respetar esta área, pero solo nos pasó un informe de la denuncia del anterior alcalde. Entonces le solicitamos que nos brinde un informe actualizado de lo que hizo en los dos meses de gestión que llevaba, nos pasó un escrito que para la comisión no fue aprobable, así que lo mandamos a un informe oral.

El alcalde asistió al informe oral, dijo que por temas de confiabilidad, estrategia y para que no se filtre la información no podía decirnos mucho, en ese sentido se lo respetamos, pero hasta ahora seguimos insistiendo con el alcalde, y le sugerimos presentar un amparo constitucional para hacer respetar el derecho propietario del aeropuerto, porque es su función como Ejecutivo. Y lastimosamente ahí queda porque, como dije antes, de la boca para afuera el alcalde dice una cosa, y de la boca para adentro habla otra.

La verdad es que nosotros como Concejo hemos hecho las gestiones porque en este tema del aeropuerto, y de los nueve concejales, prácticamente ocho estamos a favor del desalojo, incluido el presidente del Concejo.

Hemos mandado cartas y cartas al alcalde, ha quedado en informe oral, no ha ido a interpelación porque le respetamos el tema de que por estrategia no quería dar más información de los pasos que estaba siguiendo, ya que esto está en manos de la Fiscalía, del juzgado, pero acá se comenta un montón, son chismes, y mientras no sepamos a ciencia cierta, se habla hasta de que fiscales y jueces están con terrenos ahí, pero nosotros estamos avanzando.

Como comisión hemos solicitado a Catastro y a nuestro asesor técnico para empezar a realizar unas leyes en las prolongaciones de las calles; empezaremos a trabajar en el plano director del área en conflicto y con eso vamos a terminar de dar más instrumentos al alcalde para que de una vez haga prevalecer, y sobre todo cumpla su función porque, lastimosamente, hasta el día de hoy vemos una ausencia total del alcalde. Acá los problemas son miles, no tenemos el tema de salud porque el alcalde no contesta, no quiere hablar con nadie, tampoco escucha a nadie, estos años van a ser complicados para San Ignacio.

-¿No han puesto un plazo al alcalde para su estrategia?

Para que se den cuenta cómo nos la hizo con el tema del aeropuerto, a su informe oral se vino con Covid-19, lo sabemos porque tenemos la prueba de Covid-19 de él, del día anterior a la sesión, y así se vino a darnos el informe. Él se escuda en que es la justicia ordinaria la que está resolviendo el tema y que una vez que el juez le diga que se puede desalojar, él entrará con oruga y con todo a sacar a la gente, pero le dijimos que el tiempo pasa y que quizás era mejor hacer un amparo constitucional, que resuelve el problema en 48 horas.

Hay una ley y el alcalde no quiere agarrarse, es la Ley 386, emitida por el anterior Concejo Municipal, que declara toda esa área del aeropuerto para equipamiento, el alcalde tiene ese sostén jurídico para hacer prevalecer ese derecho, pero dice que quiere esperar lo que decidan el juez y los fiscales, y ahí es donde más que todo vemos un trasfondo político.

-¿A qué se refiere específicamente cuando dice trasfondo político?¿A votos?

Supuestamente ahorita hay más de 800 familias ahí, en una extensión de casi 32 hectáreas. Ahora eso es una favela, ya no se puede aterrizar porque hasta alambraron dentro de la pista, ya está con lotes y carpas. El aeropuerto está loteado desde un mes antes de las elecciones, desde febrero.