EL GRAN CHACO DE PIE: ORGANIZACIONES SOCIALES Y CÍVICAS EN ESTADO DE EMERGENCIA Y MOVILIZACIÓN POR EL IDH

Las organizaciones sociales y las instituciones cívicas del Gran Chaco se auto-convocaron y dieron el mandato a sus autoridades de defender el 45% del Impuesto de los Hidrocarburos (IDH), que por “derecho, historia y justicia le corresponden a la primera región autónoma del país”.

Entre sus primeras resoluciones exigen al gobernador de Tarija, Oscar Montes, y a los asambleístas departamentales que presentaron el proyecto de ley de redistribución del IDH a retirarlo y dejarlo sin efecto en su tratamiento.

También, emplazan a todos los asambleístas departamentales que representan al Gran Chaco en Tarija, a impedir cualquier intento de aprobación de ninguna norma departamental que pretenda redistribuir el 45% del IDH que le pertenece al Gran Chaco.

Por otro lado, exigen a la Asamblea Departamental de Tarija y a los asambleístas departamentales de todo el gran chaco a no sancionar ningún proyecto de ley que pretenda redistribuir arbitrariamente los recursos del 45% del IDH. De ocurrir lo contrario serán declarados traidores y desconocidos como representantes de la región.

Las organizaciones e instituciones, luego de deliberar aspectos técnicos, coincidieron en señalar que las Leyes y de las Resoluciones Departamentales que asignan el 45 % del IDH a favor del Gran Chaco, están plenamente vigentes. Por esta razón, las retenciones que realiza el gobernador fueron caracterizados como confiscaciones.

Luego de otras consideraciones, los líderes sociales y cívicos dieron el mandato a las autoridades electas de la Región Autónoma del Gran Chaco, alcaldes, concejales, ejecutivo regional, ejecutivos de desarrollo, asambleístas regionales, departamentales, diputados, senadores defender el 45% del IDH y sumarse a la lucha.

También, exigen al Gobierno Nacional atender y resolver de manera inmediata a través del instrumento legal que corresponda la transferencia directa del 45% del IDH a favor del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

De no ser atendidos, los sectores sociales anunciaron que no permitirán ninguna actividad de explotación de recursos naturales no renovables en la región. El plazo para la atención a sus demandas es de 72 horas y, vencido el plazo, afirmaron que tomarán medidas de hecho.