El agro se moviliza y cercanos al MAS rechazan el proyecto de ley CategoríasEconomía

Fuente: El Deber

Mauricio Quiroz Terán

Más sectores están en alerta. A los mineros cooperativistas, gremiales y transportistas ya se han sumado los productores de oleaginosas, asociados en la Anapo, para expresar su preocupación por el alcance del proyecto de ley 218, de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

De hecho, la filial norte de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) emitió una convocatoria para una marcha de protesta que unirá los 50 kilómetros que separan a Montero de Santa Cruz de la Sierra. El llamado, previsto para este mismo jueves, incluye a las asociaciones de cañeros, además de propiedades ganaderas, y se desarrollará con vehículos y maquinaria agrícola. La protesta contra el proyecto prevé concluir en el Palacio de Justicia, señala un comunicado de este sector.

Al mismo tiempo, los mineros cooperativistas, que en principio otorgaron un plazo de 72 horas para que el Gobierno retire o modifique al menos 15 artículos observados de esta normativa, ahora se dieron una semana para celebrar una asamblea general para analizar las medidas y revisar el cuestionado proyecto de ley, explicó ayer Braulio Arguedas, vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol).

Pero, los cooperativistas mineros estuvieron en el grupo de sectores que fueron convocados para el “wiphalazo”, la actividad que organizó el MAS para desagraviar a este símbolo y brindar respaldo al gobierno del presidente Luis Arce.

“El martes se hizo la defensa por el ultraje de un símbolo nacional como es el caso de la wiphala y, por eso, el Gobierno tuvo ese poder de convocatoria y hasta nosotros tuvimos que estar en ese acto. Sería interesante que el MAS convoque a sus bases para mostrar el apoyo a ese proyecto, pero dudo que 100 personas se movilicen en favor de esa ley”, dijo Arguedas tras lamentar que su organización no hubiera sido convocada por la comisión del Senado que trabaja en el proceso de “socialización”. “Si tienen problemas de ambientes, les ofrecemos nuestras instalaciones. No hay temor al debate, cuando se va con la verdad en la mano. A la calle se va cuando ya no hay entendimiento”, remarcó.

El dirigente cooperativista aclaró que su sector no está contra la norma que busca el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando, pero dijo que hay preocupación por el “excesivo poder” que la futura ley dará al Órgano Ejecutivo y que puede ser usado “de manera discrecional con fines de persecución política”.

Por su lado, Francisco Figueroa, ejecutivo de los gremialistas del país, señaló que si el Gobierno no retira la normativa que ahora está congelada en la Cámara de Senadores se prevén nuevas marchas de protesta que se organizará en el curso de la próxima semana.

“Estamos en emergencia. Ya existen leyes contra los narcotraficantes y contra el lavado de dinero, además de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupción”, afirmó Víctor Tarqui, de la federación e choferes de El Alto.

La presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco (MAS), dijo que ese es el plazo para contar con la norma fue fijado para noviembre. “Si algún sector fundamenta de manera sólida (sus observaciones), vamos a modificar el proyecto. Estoy preocupada por el cumplimiento de las observaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) , para que Bolivia no ingrese a la lista negra porque la evaluación será el 15 de noviembre”, dijo.

El senador Leonardo Loza (MAS) señaló esta semana que el tratamiento del proyecto de ley estaba “suspendido sin fecha ni hora para que pueda ser aprobada”.

El abogado constitucionalista William Bascopé señaló que la cuestionada normativa es similar a otra que está vigente en Venezuela. “Son parecidas y diferentemente estructuradas, pero con el mismo fin de control que ha sido sugerida desde el Foro de Puebla o de Sao Paulo”, apostilló.

El experto detectó 25 artículos de esa normativa que son anticonstitucionales porque vulneran “la presunción de inocencia” y el derecho “a la privacidad”.