Abogados ven que la Fiscalía tendrá acceso directo a la información de las personas

Fuente: El Deber
Carla Paz Vargas

La Fiscalía General del Estado ha firmado una serie de convenios con empresas e instituciones para interconectar la información que generan sus usuarios y clientes con el sistema informático Justicia Libre. El último de los acuerdos fue firmado el martes con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Desde el Ministerio Público explicaron que a lo largo de este año se suscribieron convenios con varias instituciones entre ellas el Servicio General de Identificación Personal y de Licencias para Conducir (Segip), Entel, Viva, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la UIF, la Policía boliviana, universidades, alcaldías, gobernaciones, entre otras, en el marco de la interoperabilidad.

La institución indica que sus acciones se ejecutan en el marco del Gobierno Electrónico y la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal. “La Fiscalía General del Estado, a través del sistema informático ‘Justicia Libre’ contribuye a llevar adelante el seguimiento de casos vía online para acceso del mundo litigante, de la misma manera, lo que se pretende con las instituciones públicas y privadas, es facilitar todo tipo de trámites e información que coadyuven a la desburocratización de la información con el mecanismo de la interoperabilidad”, afirma una comunicación enviada a EL DEBER.

Efectivamente, desde la telefónica Viva señalaron que está vigente un convenio con la Fiscalía General del Estado para digitalizar los procesos de ingreso de archivos al sistema informático del Ministerio Público. “Este envío de archivos solo se efectúa a requerimiento formal y escrito de la Fiscalía y condicionado al cumplimiento estricto de la Ley de Telecomunicaciones, la que, entre otros aspectos, vela por la privacidad de la información de los usuarios”, afirma.

Asimismo, se consultó a la ASFI sobre un posible acuerdo con la Fiscalía e indicaron que no se ha firmado ninguno.

Sobre el tema, el abogado Iver von Borries, precisó que la Fiscalía está generando una “base de datos maestra” para acceder a todo tipo de información personal de los ciudadanos.

En criterio del jurista Mauricio Saldaña se entiendo que (la Fiscalía) va a poder acceder a información que esté en la base datos, pero considera que dependiendo de lo que encuentren tendrán que solicitar cierta información a través de requerimiento fiscal. “Pensaría que si encuentran algo sospechoso ahí recién inician proceso y ahí ya entra Fiscalía y jueces”, sostuvo.

Convenio con la UIF

El martes, el Ministerio Público y la UIF firmaron un convenio. Desde la Fiscalía indicaron que el acuerdo permite el acceso a información y datos a través y en el marco de la interoperabilidad de los sistemas informáticos de ambas instituciones para que permitan mejorar el trabajo investigativo.
En este sentido, negaron que la medida se realice en el marco del proyecto de ley de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, cuyo tratamiento está suspendido en el Senado.

Desde la UIF explicaron que se trata de una renovación de convenio que ya se había firmado en 2012 y descartaron que la medida requiera la promulgación de la ley contra las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. “El objetivo es establecer mecanismos oportunos y seguros para remitir informes de inteligencia financiera patrimonial. Es un acto dentro de la normativa vigente”, explica el comunicado oficial.

Sobre el tema, el abogado constitucionalista Williams Bascopé considera que la cooperación interinstitucional siempre ha existido, pero lo que no se puede transferir ni atribuir es competencia entre instituciones. “La Fiscalía investiga delitos de carácter público privado en el ámbito de la jurisdición y control de un juez y la UIF hace su recolección de datos o investigación, pero sin trasgredir normas”, señaló.

Observó que el tema de asumir datos de todos los ciudadanos invade la privacidad. “Su ámbito de la UIF es en el ámbito financiero y económico, no tiene que ver temas patrimonionales. Lo que está haciendo la Fiscalía y la UIF puede ir más allá de lo permitido e ir contra la Constitución y la legalidad de sus atribuciones, porque invade la privacidad de los bolivianos”, sostuvo.

Bascopé considera que lamentablemente el gobierno de Luis Arce Catacora está empeñado en acceder a toda la información de todos los ciudadanos, lo que no se puede permitir porque es peligroso y hay hay un desequilibrio de poderes. “Ya están queriendo quitar Derechos Reales, manejan Fundempresa, quitaron Notariado y están controlando”, enfatizó.

El abogado Iver von Borries considera que el convenio entre Fiscalía y UIF se enmarca en acciones normales y no deberían representar un riesgo. “El riesgo real, desde una perspectiva pragmática es que se utilicen estas normas con fines políticos, para vulnerar derechos o pretender dañar patrimonialmente a personas que no comulguen con la ideología del Gobierno de turno”.

En la misma línea, el abogado Saldaña precisa que la firma de convenio le va a dar la potestad a los funcionarios de la UIF a acceder al sistema informático de la Fiscalía y que ya no van a tener que pedir la información por el conducto regular. “En pocas palabras la UIF se está convirtiendo en una institución superpoderosa que tendrá la capacidad de acceder a cualquier información de los ciudadanos y estará por encima de las otras instituciones”, expresó.

En una opinión personal- el profesional- cree que se debería mantener el sistema de contrapesos y control judicial que para acceder a cierta información tiene que ser con una orden de un Juez o Fiscal dependiendo de cada caso, entonces se tiene cierta supervisión y control de dichos funcionarios a los requerimientos de los dependientes de la UIF.

Principio de confidencialidad

El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, dijo que el documento firmado con la UIF es parte de los requisitos que Bolivia debe cumplir para la ‘evaluación país’.

“Este año vamos a empezar con la primera ronda. Entonces, para eso es el convenio”, indicó.

Consultado sobre la alerta de los expertos en sentido de que la UIF acceda a más información y que se utilice con fines políticos, dijo que “ese es otro tema”. “Nosotros trabajamos bajo principios de confidencialidad, eso dice el artículo 9 de la Ley 260 y estamos sujetos a esa normativa”, agregó.