Experto advierte que la UIF “termina sometida a una autoridad política” con la ley ‘antilegitimación’

Jorge Asbun, doctor en Derecho Constitucional, señala que el proyecto propuesto por el Gobierno se constituye en un grave riesgo para la institucionalidad del país.

Fuente: Unitel

El experto en derecho constitucional Jorge Asbun realizó un análisis de los efectos que tendrá en el país la aplicación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas si se llega a aprobar el proyecto tal cual fue planteado por el Gobierno. La situación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es la que más le preocupa al especialista ya que asegura que quedará subordinada al poder político.

Asbun explica que lo que plantea el Gobierno es crear un organismo denominado Consejo Nacional de Lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas (Conal) que será (según señala el artículo 5 del proyecto de ley) “la instancia máxima de coordinación y representación del Estado, para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias de prevención y represión”, lo que a su juicio es una estructura que estará por encima de la UIF.

“Es decir, (la UIF) termina sometida a una autoridad política como el Conal, y por tanto pierde la condición de entidad independiente, no es ni mucho menos institucionalizada y carece de una autonomía”, señala Asbun.

Asbun precisa que la composición de Conal mezcla autoridades de origen político y que integran el partido en función de gobierno (ministros) con otros señalados por la Constitución como autónomos e independientes como el procurador y el fiscal general, “que son instancias, que no pueden integrar otros órganos ajenos a sus competencias”.

Para el experto esta mezcla institucional resulta paradójica “más aún, si se trata de luchar contra el enriquecimiento ilícito, dado que el deber que tienen ambas instancias (Fiscalía y Procuraduría) comprende el de impulsar procesos o en su caso evitar el daño al Estado, justamente por parte –entre otros‐ de los funcionarios públicos y entre ellos, de los Ministros.”

“Si de verdad el gobierno quiere luchar contra el lavado de dinero y el terrorismo, las medidas indispensables, urgentes y reales, son que a la brevedad institucionalice la administración pública, se establezcan organismos de lucha como la UIF o cualquier otro, con plena capacidad técnica, independiente y profesionalizada”, concluye el experto.