Procurador general afirma que el desconocimiento de la wiphala es un delito

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este lunes que el «agravio» a símbolos patrios como la wiphala es considerado un delito y debe ser sancionado, en referencia a lo ocurrido en la capital cruceña el pasado 24 de septiembre, donde se bajó la bandera andina en los actos protocolares que se realizaron por los por los 211 años de gesta libertaria cruceña.

Según Chávez, existe una suerte de crear conflicto en el país y considera que esto se debe a una especie de venganza por el tema tierras.

«La wiphala no es un símbolo como el patujú o como la kantuta, que son flores y que retratamos en ciertos lugares como expresión de nuestra nacionalidad boliviana. La wiphala es una bandera por esencia», expresó Chávez, a tiempo de exponer que las banderas regionales no están reconocidas.

Considera que el resto de banderas son creadas y que la Constitución solo toma en cuenta la bandera tricolor y el la wiphala.

“Sabemos que nuestras banderas son la tricolor y la wiphala, eso está bastante claro. Hay gente que no aprende eso; obviamente, no comprende la historia y desconoce; ahora, peor aún, un símbolo que es tradicional y ancestral en nuestro país, que identifica a nuestros pueblos. Ese desconocimiento es un delito y por eso debe haber acciones legales en contra de esas personas”, dijo en entrevista con Bolivia TV.

El parágrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado establece que la bandera tricolor rojo, amarillo y verde y la wiphala son símbolos del Estado. Tildó de ignorantes a quienes retiraron la bandera que representa a los pueblos indígenas andinos.

“Obviamente, no conocen esto; con base en su desconocimiento, con base en su ignorancia, realizaron semejantes acciones de ultraje a las autoridades, a los símbolos patrios, con acciones de racismo y agresión personal a dirigentes”, expresó el procurador Chávez.

Además sostuvo que Bolivia es un Estado que mantiene su unidad. Las declaraciones se dan en un contexto en el que los pueblos originarios de las tierras bajas piden la reivindicación de sus derechos y que se frene el avasallamientos, al igual que el estallido del conflicto social que envuelve al sector cocalero.

Ante este escenario, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que debe ser el vicepresidente David Choquehuanca quien decida si se lleva adelante un proceso.

El Deber