Expareja de militar teme por su vida desde 2019 ante falta de protección de la Fiscalía

Sigrid R. asegura que vive “en la zozobra” desde septiembre de 2019, con el temor de perder la vida y preocupada por la seguridad de sus hijas. Ese año denunció por violencia a su esposo, un militar con el grado de mayor contra quien se dictó una orden de alejamiento con cinco puntos, sin embargo —asegura la víctima— ni la fiscal, Neiva Choque, ni la Policía hacen cumplir lo señalado en un papel.

“La última agresión que sufrí fue el 28 de septiembre de 2019, por parte de él y su hermana, Rosa Isela M. Presenté la denuncia recién en diciembre de ese año porque demoraron en entregarme la valoración psicológica, además que pasaron los conflictos sociales entre octubre y noviembre”, relató Sigrid sobre cómo, desde el inicio, los funcionarios no cumplieron con su trabajo de protegerla de manera “pronta y oportuna”, como señala la Ley 348, de Lucha Contra la Violencia hacia la mujer.

“Por la brutal golpiza perdí el conocimiento y esa noche quisieron recluirme en el hospital psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud, querían justificar los golpes como una caída de las gradas, les dijeron a médicos que estaba mal de la cabeza. Tengo copias de las imágenes de la cámara de seguridad del hospital. Pese a eso, la Fiscalía rechazó la denuncia y tuve que presentar una objeción, volvieron a reabrir el caso, pero ahora la investigación no avanza”, sostiene la víctima.

Luego de la agresión, relató, Sigrid R. huyó con sus dos hijas a la casa de sus padres en Cochabamba. En octubre de 2020 logró el divorcio, pero hasta la fecha no se concreta la división y partición de bienes. En ese tiempo, tanto la hermana del militar, como su exesposo  “la persiguen judicialmente”.

Ambos la denunciaron por separado, la primera por agresión y su expareja por el “robo agravado” de un vehículo adquirido durante el matrimonio. Los procesos también se presentaron contra la abogada de la víctima.

“Esa señora está mal. Yo no puedo hablar, pero espero que ustedes sepan lo que están haciendo. Voy a consultar con mi abogada, ella les va a llamar”, fue parte de lo que dijo Froilán C., exesposo de Sigrid R. La hermana y abogada del militar, Rosa Isela M. negó la versión de la denunciante y la acusó de destrozar la vivienda donde vivía con el uniformado y de padecer una enfermedad mental además de “cleptomanía”.

La abogada reiteró que su hermano sería la víctima de Sigrid R. de quien afirma se auto infringió lesiones para perjudicar la carrera profesional de su hermano.

Ante las consultas de Página Siete en el Ministerio Público, la fiscal Choque acusó a la víctima ante sus superiores de no realizar el seguimiento del proceso y que luego de imputar al militar esperaba la audiencia cautelar.

Sigrid R. quien retornó desde Cochabamba a La Paz en varias ocasiones para seguir el caso, asegura que la funcionaria falta a la verdad y que sus reclamos por la celeridad en su caso, provocaron que se emitan informes en su contra por parte de los investigadores policiales.

Este medio verificó que el 8 de julio la jueza del caso, Melina Lima, reprogramó para el 3 de agosto esa audiencia a pedido del denunciado y emitió una advertencia contra la fiscal por su inasistencia injustificada.

“Es sólo un papel”

“La primera fiscal del caso, Norma López, firmó en diciembre de 2019 una hoja con cinco medidas de protección, pero nadie se preocupa en hacerlas cumplir, yo vivo en la zozobra y eso es solo un papel que no es ninguna garantía para mi vida ni la de mis hijas”, relató Sigrid R.

En diferentes entrevistas con este medio, la denunciante mostró documentos del inicio del proceso con sus pruebas de cargo, pero también las denuncias presentadas en su contra, “como una represalia judicial”, por acusar ante la Fiscalía y ante los jefes militares a su expareja.

“También han denunciado a los testigos de la violencia que sufrí para que ya no me ayuden. Desconocidos se presentaron en mi casa para decirles a mis padres que existen órdenes de aprehensión para ellos, si continúan protegiéndome o involucrándose en el proceso”, es parte del relato de Sigrid R.

El proceso por robo fue rechazado, entre los documentos existe un informe de la investigadora a cargo, del 19 de abril, en el que señala que la abogada apoderada y el militar la agredieron verbalmente y “acosaron laboralmente” a otros policías. El propósito, era forzar un reporte incriminador contra Sigrid R.

Según el informe de la policía investigadora, ante los reclamos —explicó al militar y a su apoderada— que la disputa del vehículo no podía ser tratado como un robo, debido a que existía un proceso de divorcio con división y partición de bienes.

La orden de protección hacia Sigrid R. señala que el agresor debe someterse a una terapia psicológica, tiene prohibido acercarse, amedrentar a la víctima o a sus familiares por cualquier medio e instruye al investigador a realizar una lista de todos los bienes de la pareja. Ninguna de las instrucciones se acató.

 

Desde abril, Página Siete ha realizado al menos tres pedidos para entrevistar a la fiscal Choque, solicitud que no tiene respuesta hasta la fecha. Ese primer mes, según la explicación de los abogados de Sigrid R. la asistente de la fiscal le dijo que la autoridad no podía atenderla porque no revisó su caso, el cual era “muy ampuloso” y necesitaba tiempo. La excusa se repitió varias veces.

Sigrid R. señaló que luego de una segunda consulta hecha por este medio, la fiscal —sin atender el pedido de entrevista— imputó finalmente a su exesposo, más de un año después de haber presentado la denuncia, pero en el documento solicita la detención domiciliaria del militar, lo que ella considera insuficiente, además que la fiscal Choque no da lugar al pedido de declaración y peritaje psicológico de sus hijas en cámara Gesell, para que verificar el tipo de violencia que ellas sufrieron.

La abogada del militar sostiene que la madre influye de manera negativa en las niñas y presume que la supuesta “esquizofrenia” de Sigrid R. fue heredada por una de las menores. La denunciante guarda videos y otros archivos de las agresiones que sufrió, para presentarlas en su momento ante la Fiscalía, donde no avanza el proceso.

Página Siete