Juez de Argentina da 72 horas para presentar las “primeras medidas de prueba” sobre envío de armas a Bolivia en 2019

El juez López Biscayart se dirigió al Ministerio de Seguridad argentino, al de Justicia y a la Administración Federal de Ingresos Púbicos (Afip), los tres organismos que presentaron el 12 de julio la denuncia, y solicitó que le remitan toda la documentación que recolectaron. El Gobierno de Alberto Fernández acusó a la administración de Macri de llevar adelante «una maniobra engañosa y premeditada» para disimular la provisión de material bélico a los agentes que perpetraron el presunto golpe de Estado en Bolivia.

Un juez argentino solicitó medidas de prueba al Gobierno de Alberto Fernández para sustentar la denuncia que presentó contra la gestión precedente de Mauricio Macri (2015-2019) por enviar armamento a Bolivia en noviembre de 2019.

Es el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, quien «pidió las primeras medidas de prueba», informaron fuentes judiciales, según informó Sputnik..

El magistrado se dirigió al Ministerio de Seguridad argentino, al de Justicia y a la Administración Federal de Ingresos Púbicos (Afip), los tres organismos que presentaron el 12 de julio la denuncia, y solicitó que le remitan toda la documentación que recolectaron.

López Biscayart otorgó un plazo de 72 horas a los tres organismos para presentar todo documento que sustente la denuncia antes de dar paso a la intervención del fiscal Claudio Navas Rial.

Dos denuncias

Hay otra denuncia contra la gestión de Macri que presentó el 9 de julio el exjuez Eduardo Freiler y que recayó en el juzgado del magistrado Alejandro Catania, subrogado en la actualidad por Rafael Caputo, quien a su vez pidió la opinión del fiscal del caso, que también es Navas Rial.

Todavía debe definirse el juzgado que tendrá a cargo el expediente, ya que las dos denuncias presentadas se refieren a los mismos hechos.

En el escrito presentado, el Gobierno de Alberto Fernández acusó a la administración anterior de llevar adelante «una maniobra engañosa y premeditada» para disimular la provisión de material bélico a los agentes que perpetraron el presunto golpe de Estado en Bolivia.

El Ejecutivo que presidió Macri también «contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un Gobierno de facto», agrega el escrito.

La denuncia también apunta contra la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par de Defensa, Oscar Aguad, y el de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie.

También fueron incluidos en la querella quien era secretario consejero presidencial de seguridad, Fulvio Pompeo, el embajador argentino Normando Alvarez García, el director de Gendarmería Gerardo Otero y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Enrique Amrein.

El armamento enviado consistió en 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70 (antitumulto), 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.

Así consta en una nota de agradecimiento enviada por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, al entonces embajador argentino Norberto Álvarez García.

La carta está fechada el 13 de noviembre de 2019, día que asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez (2019-2020) y dos días después de que se viera obligado a dimitir el expresidente Evo Morales (2006-2019) tras el pedido de las Fuerzas Armadas por denuncias de irregularidades de la Organización de los Estados Americanos en las elecciones que le dieron la reelección presidencial.

Por entonces, a Macri le quedaba menos de un mes de Gobierno, tras haber sido derrotado por el presidente electo, Alberto Fernández, en la primera vuelta de las elecciones generales de octubre.

Oxígeno.bo