COB pide incluir en la investigación del caso Murillo a quienes apoyaron y participaron en el régimen de Jeanine Áñez

La Central Obrera Boliviana (COB) solicitó no solo la extradición de Arturo Murillo, exministro de Jeanine Áñez, sino la investigación del gabinete que aprobó la compra de gases lacrimógenos y de las personas que gestaron y apoyaron al régimen de facto.

La posición fue expresada este lunes por el secretario ejecutivo del organismo laboral, Juan Carlos Huarachi, en una entrevista con radio Patria Nueva.

“No solamente es el pedido del pueblo, de las organizaciones sociales, el pedido de extradición sino que también ahora hay que hacer una investigación  a quienes han sido parte del gabinete”, dijo el representante.

Añadió que esa investigación por las autoridades competentes, debe alcanzar a “algunas personas intelectuales que hoy, vemos con mucha preocupación y lamentamos, ¿hay que decirlo no?, desconocen al exministro Murillo cuando ellos han sido parte. Algunos inclusive han participado en el gabinete en la toma de decisiones sin ser autoridades. Esta investigación se debe ampliar a estas personas”, manifestó.

Murillo permanece detenido en EEUU acusado de integrar una red de soborno y lavado de dinero proveniente de recursos fiscales de Bolivia.

Otros integrantes de la red son Luis Berkman y su hijo Bryan Berkman, propietarios de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), mediante la cual coordinaron con Murillo en el caso de lavado de dinero para la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio.

El Departamento de Justicia de EEUU informó el 26 de mayo que Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, su hijo Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Fueron detenidos entre el 21 y 22 de mayo.

Son procesados en EEUU por la adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano por $us 5,6 millones. Se calcula que existió un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Tras una pesquisa preliminar, la justicia estadounidense determinó que parte de ese dinero se destinó al soborno y lavado de dinero. Dicha transacción fue avalada por varios decretos supremos firmados por Áñez y su gabinete de ministros.

ABI