El riesgo ‘invisible’ de condonar la deuda pública de Bolivia

Fuente: Mauricio Ríos

En los primeros días de febrero, un grupo de 100 economistas europeos liderado por el francés Thomas Piketty, propuso a la Unión Europea la condonación de la deuda pública de alrededor de €2,5 billones en manos del Banco Central Europeo, como parte de una serie de medidas para encarar la crisis provocada por la cuarentenas masivas y forzosas de la pandemia.

Entre Christine Lagarde y Luis de Guindos, presidente y vicepresidente del BCE, respectivamente, se encargaron de responder al manifiesto afirmando que “la cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto”.

Aunque con menor fuerza política y ruido mediático, en América Latina también se han escuchado propuestas en el mismo sentido, como la de Luis Arce Catacora en Bolivia, quien propuso en su plan de gobierno de 2020 el impago de la deuda externa durante al menos dos años. Ya como presidente, a principios de diciembre de 2020, cuando apeló a la solidaridad internacional para su condonación.

Ahora es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quien toma y difunde la idea de condonar la deuda pública de países con ingresos bajos y medios –es decir, América Latina– mediante un informe reciente titulado Vulnerabilidad de la deuda soberana en las economías en desarrollo.

Puede que tanto los 100 economistas de Piketty como Arce y ahora el PNUD, crean que se trata de una maravillosa idea, pero, como decía el economista francés Frédéric Bastiat (1801-1850), “la diferencia entre un mal economista y uno bueno se reduce a que, mientras el primero se fija en el efecto visible, el segundo tiene en cuenta el efecto que se ve, pero también aquellos que es preciso prever.”

Es decir que este no es un problema de países específicos “con ingresos medios y bajos”, sino de países cuyos gobiernos tienen una clara e inconfundible inclinación por el derroche, la destrucción de capital y la creación de distintos grupos de interés y poder alrededor del Estado.

Igualmente, tampoco existen incentivos para que los gobiernos que derrocharon irresponsablemente durante la etapa del auge de las materias primas que países como Venezuela, Argentina o Brasil exportaron entre 2003 y 2014, ahora asuman los costos políticos de los ajustes y reformas necesarias para encontrar la recuperación económica.

Más aún, ahora los errores de juicio económico cometidos los deberán asumir todos quienes no trabajan en el Estado o no son amigos del gobierno de turno, mediante incrementos de deuda pública que deberán ser pagados con el aumento de la carga impositiva a los privados.

Y como muestra, sólo un botón: desde 2007 se ha observado en Bolivia una acumulación de deuda pública y déficit fiscal (o exceso de gasto público) a ritmos preocupantes y durante tiempos de auge (o de extraordinarios ingresos públicos), aún más durante 2020, y ni se diga sobre los proyectados para 2021.

Pero eso no es todo. Ahora el exvicepresidente Álvaro García Linera, acaba de trazar la línea a seguir del gobierno de Arce Catacora y el Movimiento al Socialismo. Ha afirmado en un diario digital español, que el recientemente creado Impuesto a las Grandes Fortunas “es insuficiente”, que “tiene que ser ampliado”, que “hay que imponer un impuesto a las exportaciones del agronegocio en Bolivia”, y que es “necesario pensar y debatir una segunda oleada de procesos de nacionalización”.

Entonces, quienes proponen la condonación de la deuda pública, tienen -en teoría- el objetivo de aliviarla para que el Estado, a su vez, tenga mayor capacidad de gasto y, por tanto, mayores probabilidades de reactivar la economía.

Sin embargo, por muy buenas que puedan ser las intenciones de quienes proponen la condonación de la deuda pública, no observan que cada centavo que el Estado gasta y asigna, generalmente -por no decir que siempre- lo hace con principios políticos, además de que es un centavo que el empresario deja de invertir de manera eficaz, y a cambio de un legítimo beneficio por la solución de determinado problema.

Y no sólo esto, sino que tampoco se ha pensado en todo lo que perderían los acreedores, quienes -ingenuamente o no- creyeron en la palabra del Estado, le prestaron sus ahorros al gobierno, y tienen hoy en sus manos títulos de deuda pública (bonos) que podrían quedar impagos. Es decir, a fin de cuentas, son siempre los ciudadanos que hicieron el esfuerzo y el sacrificio de ahorrar mientras duraba el derroche quienes pagan por la fiesta desenfrenada de terceros.

Así pues, condonar la deuda tanto en América Latina como la Unión Europea y cualquier otro lugar del globo, no sólo es castigar a la ciudadanía por unos proyectos políticos de los que, sobre todo Bolivia –modelo de proyecto político para España– se ha beneficiado poco o nada, sino que despeja el camino de los proyectos de acumulación de poder de manera perversa y manipuladora.